El presidente consiguió que el juez Casanello lo
sobreseyera por las escuchas telefónicas ilegales. Ahora, prepara una
ofensiva para colocar a su antecesora CFK en la incómoda posición de la
que él ha salido. Así como designó dos jueces de la Corte Suprema en
comisión y modificó por decreto la ley audiovisual, también recortó por
su sola firma las funciones de la Procuradora General Gils Carbó, cuya
renuncia solicita por los diarios. Lorenzetti gestiona el alejamiento de
varios jueces.
Es el tiempo de la venganza. El juez Sebastián Casanello ya había
sobreseído a Maurizio Macrì en una etapa previa, decisión que fue
revocada por los camaristas de apelación Jorge Ballestero y Eduardo
Freiler. La semana pasada, Ballestero y Freiler recibieron un ultimatum
de Macrì, quien empleó al más insólito mandadero para solicitarles la
renuncia: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo
Lorenzetti. La intimación también abarcó a los jueces Norberto Oyarbide
(el primero que procesó a Macrì por las escuchas) y Rodolfo Canicoba
Corral. Oyarbide decidió apurar su jubilación, Canicoba se encargó de
que trascendiera la operación conjunta ejecutivo-judicial, para asegurar
la justicia independiente que Macrì exaltó en su primer mensaje y que
Casanello ejemplificó sobreseyendo al flamante mandatario. Ahora es el
turno de Cristina, a quien el gobierno desea ver presa por traición a la
patria, nada menos.
Nada que ver
El propio Macrì repitió hasta el hartazgo que la designación del
comisario Fino Palacios como primer jefe de su policía metropolitana le
había sido recomendada por organismos de Inteligencia de Israel y
Estados Unidos, pero Casanello entiende que el ex jefe del gobierno
porteño estuvo ajeno a ella porque debía ocuparse de muchos otros
asuntos. Aunque Palacios fue su jefe de seguridad en Boca Juniors y está
probado que integraba una asociación ilícita para realizar esos
delitos, el entonces jefe de gobierno no la integró: las escuchas a su
cuñado fueron por iniciativa de Franco Macrì, no de su hijo; el vínculo
con el agente de Inteligencia Ciro James, que retiraba las cintas
grabadas, no lo llevaba él sino su ministro de Educación Mariano
Narodowsky, quien no se sabe por qué le pagaba el sueldo más alto en un
ministerio en el que no trabajaba; el interesado en escuchar a Burstein
era el propio Palacios, porque cuestionaba su designación para el cargo
debido a su participación en el encubrimiento por el atentado a la DAIA,
por el que está procesado. Según el testimonio del ex ministro de
Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, fue él quien sugirió a
Palacios. Asunto terminado. Menos fortuna tuvo el presidente del Banco
Central, Federico Sturzenegger, ya que la Corte Suprema dejó firme su
procesamiento, debido a las negociaciones incompatibles con el ejercicio
de la función pública, que realizó en el megacanje liderado por
Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo.
La fecha de largada para la ofensiva contra el kirchnerismo sería el 1
de marzo, cuando Macrì inaugure las sesiones ordinarias del Congreso. A
diferencia de lo sucedido el 1 de diciembre, cuando enhebró una apurada
retahíla de generalidades y propuestas de felicidad y amor, dentro de
dos meses se propone presentar con el mayor detalle los cargos que haya
acumulado contra la administración que lo precedió. Su mensaje sería
extenso y duro. La colocación de Cristina a la cabeza de los objetivos
fue un aporte del Grupo Clarín. Ya en octubre de 2014 su ariete más
voluminoso, Jorge Lanata, dijo que “Cristina tiene miedo de ir
presa. Tiene miedo de la investigación de los buitres sobre la ruta del
dinero”. A mediados de 2015, durante la campaña para las Primarias, la
ex diputada radical Elisa Carrió sostuvo que de llegar ella a la
presidencia, “Cristina irá presa”. Esto no ocurriría por
“revanchismos” sino mediante leyes de “imprescriptibilidad sobre los
delitos de corrupción” y “juicios sobre los bienes” de los funcionarios
corruptos. “Pediré informe de todas las cuentas en el exterior”, dijo.
El 27 de noviembre, mientras se discutían los detalles del acto de jura
del nuevo presidente, el periodista Ceferino Reato escribió: “Vamos a
ver si Cristina permanece libre mucho tiempo”. Agregó que “debería
favorecer una buena transición” y que “tensar la situación no la
favorece” porque “tiene muchas causas abiertas”, amenazó. La aliada
presidencial Margarita Stolbizer denunció a CFK por enriquecimiento
ilícito y el 9 de diciembre anunció que podría ir presa por “un
enriquecimiento difícil de ocultar”. En una columna para el diario La
Nación, Luis Majul sostuvo que si Cristina fuera presa no sería porque
Macrì decidió “empujarla a la cárcel” sino porque el juez Claudio
Bonadio ya recolectó “todas las evidencias que prueban, como mínimo, la
existencia de lavado de dinero en la causa Hotesur”. Macrì no conminó a
su socia política para que presionara al fiscal Carlos Stornelli o al
juez Daniel Rafecas “porque sabe que Stolbizer no necesita un guiño del
Presidente para continuar lo que empezó. Pero el miedo de Cristina
Fernández a que la metan presa es lo que explica, también, la virulencia
y la agresividad de los fogoneros del Frente para la Victoria”,
pretende uno de los periodistas más próximos a la intimidad
presidencial. El modelo es el ’55, con la exhibición de vestidos y
zapatos en la residencia presidencial, las comisiones investigadoras que
ocuparon el lugar del clausurado Congreso, y la ilusión de borrar al
tirano depuesto de la memoria popular, presentándolo como un ladrón de
los dineros del pueblo. El resultado de ese intento es bien conocido.
Pero Macrì también comienza a advertir que la recomposición del Grupo
Aaahhhh... puede ser útil para apoderarse de cargos que no le
corresponden, como la banca en el Consejo de la Magistratura que esa
componenda birló a la primera minoría, del FpV, para entregársela al
diputado de PRO Luis Tonelli, maniobra que por ahora frenó un amparo
aceptado por la jueza de La Pampa Iara Silvestre. Pero la propia
Stolbizer objetó que se modificara por decreto la ley de implementación
del nuevo Código Procesal Penal, materia que la Constitución colocó en
forma expresa fuera del alcance de la lapicera presidencial. “El
gobierno no pude avanzar con DNU que son inconstitucionales. No sólo
debe acreditar necesidad y urgencia sino respetar materias vedadas”,
advirtió Stolbizer.
Traición a la patria
Hay también otros temas y operadores. El día de Nochebuena, un
columnista del Grupo Clarín sostuvo que cuando fue apartado de la causa
el juez de Casación Juan Carlos Gemignani se proponía denunciar a
Cristina por traición a la patria a raíz del memorando de entendimiento
con Irán, cuya inconstitucionalidad quedó confirmada por la decisión del
Poder Ejecutivo de no apelar la resolución de la Cámara Federal en ese
sentido. El mismo día, un boletín electrónico dirigido por dos editores
del Grupo Clarín dijo que un ciudadano colombiano, cuya identidad
ocultan, escuchó el 16 de enero del año pasado, en una oficina de la
Cancillería donde realizaba un trámite personal, que el entonces
ministro Héctor Timerman planeaba asesinar al fiscal Alberto Nisman y
que el ejecutor sería el nerd informático Diego Lagomarsino (!). Dos
días después Nisman apareció con una bala en la cabeza y el colombiano
fue a Puerto Madero a verificar los hechos (¡!). Como corresponde, la
extravagante denuncia, que nadie con dos dedos de frente podría tomar en
serio, cayó en el juzgado de Claudio Bonadio. El 28 de diciembre, el
rabino Gustavo Perednik le dijo al aún receptivo Mariano Grondona, que
“CFK va a ir presa por el asesinato de Nisman”, cuando a casi un año el
único elemento a favor de la hipótesis del crimen es la voluntad de la
familia y de los amigos políticos de Nisman. En coincidencia con estos
episodios, el nuevo gobierno pretende que la Unidad AMIA del ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, ahora a cargo del ex senador radical
Mario Cimadevila, oriente su tarea a la investigación de la muerte del
ex fiscal y sobre todo a resucitar la denuncia de Nisman contra la ex
presidente, que un juez de primera instancia, dos de apelaciones y un
fiscal de Casación desestimaron por inexistencia de delito. Incluso se
proponía rebautizar a la dependencia como Unidad AMIA-Nisman, lo cual
motivó una tajante reacción de familiares de las víctimas del atentado.
“Si asesinan a un familiar y el fiscal de la causa se gasta en putas los
fondos asignados para investigarlo, ¿qué te parecería que lo
homenajearan?” fue la pregunta airada que escuchó el secretario de
Derechos Humanos, Claudio Avruj, un hombre con demasiados cadáveres en
el ropero como para embestir contra un muro. El fiscal federal Eduardo
Taiano dio curso a otra denuncia desopilante por traición a la patria y
encubrimiento contra Timerman, por el contenido de una conversación
telefónica grabada en forma ilegal, donde dice en privado lo mismo que
la justicia y el gobierno afirmaban en público desde 2005: que los
autores del atentado eran los iraníes denunciados ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas entre 2005 y 2010 por los presidentes
Néstor y Cristina Kirchner y cuya captura internacional solicitó en 2007
el juez Canicoba Corral. En 2013, cuando el presidente de la AMIA
Guillermo Borger le recriminó que negociara con Irán, Timerman le
respondió que no podía negociar con Suiza, porque la bomba la pusieron
los iraníes. Taiano pidió que se agregara la denuncia de Nisman contra
Timerman y Cristina, de modo que confiando en la conocida buena puntería
de Bonadio sea posible acertar a la cabeza de la oposición. Los audios
forman parte del libro “Nisman debe morir”, del periodista Daniel
Santoro y su divulgación ahora como si revelaran algún secreto
descalificatorio, une la utilidad del marketing a lo placentero de la
injuria contra el anterior gobierno. Santoro también fue el vehículo
elegido para atribuir carácter de prueba judicial al borrador del juez
Gemignani sobre Cristina, cuando no es más que la opinión de un
magistrado cuyas afirmaciones no tienen sustento en los documentos de la
causa. Según Gemignani, la traición a la Patria habría consistido en la
creación de una comisión de la verdad que implicaría transferir la
soberanía al “estado sospechoso” de haber ordenado el atentado. También
entiende que el tratado restringe “la potestad de encarcelamiento” del
juez al “dejar sin efecto las alertas rojas sobre los responsables”.
Pero el memorandum sólo dice que esa comisión que nunca se integró (de
cinco juristas de prestigio internacional, que no podía incluir iraníes)
revisaría la documentación y transmitiría una opinión a los dos
gobiernos, pero no que desplazaría la jurisdicción de los tribunales
argentinos. Además está probado en forma contundente que nunca se
contempló levantar las alertas rojas. Por el contrario, el entonces
director de Interpol, Ronald Noble, declaró que el gobierno argentino le
pidió en forma reiterada e insistente que siguieran en vigencia y el
único que podría haber pedido su anulación era el juez Canicoba, que
nunca sintió su jurisdicción menoscabada. Tal vez por eso, ahora está en
la lista negra del gobierno amarillo. Que la justicia haya declarado
inconstitucional el memorando y que no haya surtido ninguno de los
efectos que se buscaron al suscribirlo, no implica que su firma y su
ratificación por el Congreso constituyeran un delito penal.
El esquema que se intenta ahora es el mismo que usó el 17 de mayo de
1956 el juez de facto Luis Botet, en la causa “Perón, Juan Domingo y
otros s/ traición y asociación ilícita”, instada por el gobierno militar
que tres semanas después fusilaría a decenas de trabajadores y
militares acusados de conspirar para reponer al gobierno derrocado. Para
Botet, el delito se había realizado con la sanción de leyes que a su
juicio confirieron a Perón la suma del poder público y facultades
extraordinarias. Botet, que se identificaba como “Juez de la Revolución
Libertadora”, libró orden de captura internacional contra Perón y ordenó
el arresto de más de un centenar de ministros, secretarios, diputados y
senadores. Esta es parte de la dificultad que encuentra ahora Macrì: si
el memorando constituye el delito, ¿cómo imputar a Timerman y Cristina y
no a los diputados y senadores que lo convirtieron en ley? Botet
reapareció en julio de 1966, como interventor de la Universidad Nacional
de Buenos Aires luego de la noche de los bastones largos que el
dictador Juan Carlos Onganía hizo descargar sobre la cabeza de
profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas. Al referirse al
éxodo de centenares de investigadores de alto nivel que fueron a
enriquecer a universidades de todo el mundo, entre ellos el futuro
Premio Nobel César Milstein, Botet dijo que la autoridad debía
prevalecer sobre la ciencia, un razonamiento de la misma raíz filosófica
(con perdón de la palabra) que la advertencia del actual ministro de
Comunicaciones, quien cree que ninguna ley puede limitar al presidente.
La fracción hegemónica
No es de extrañar que el tema central elegido para acorralar a
Cristina y propiciar el surgimiento de un peronismo hermafrodita, que
vuelva a acomodarse en el rol de facilitador de políticas contrarias al
interés popular que pregona defender, pase por la política
internacional. Macrì nunca ocultó que ése era su propósito; cuestionó al
gobierno de Venezuela en el debate con Daniel Scioli y en su primera
cumbre del Mercosur; encomendó la Cancillería a la funcionaria de
Naciones Unidas que coordinó las misiones de paz que interesaban a
Washington; antes de las elecciones viajó a Israel, donde coincidió con
el halcón presidente Beniamin Netanyahu en su posición contraria a
cualquier acuerdo con Irán e incluso contra la política soberana de la
Argentina frente a los fondos buitre. Así lo contó en una investigación
sobre los fondos no declarados que Nisman recibió de Israel y Estados
Unidos publicada en este diario, el sociólogo Jorge Elbaum, quien
precedió a Claudio Avruj como director ejecutivo de la DAIA. Allí reveló
que el rabino Perednik fue uno de los principales contactos de Nisman
con el partido Likud, de la derecha gobernante israelí, que su vez fue
su vía de acceso a Roger Noriega, quien desde que dejó el gobierno de
George W. Bush dirige el American Enterprise Institute. Su principal
financista es el millonario empresario estadounidense del juego Sheldon
Adelson, socio de Paul Singer en el fondo buitre NML Elliot y mecenas de
la Task Force Argentina, que volcó cuantiosos recursos a difamar a las
anteriores autoridades argentinas, con cargos tan disparatados como los
que acaba de hacerle a CFK el Centro Wiesenthal, que le otorgó una
mención de deshonor en su ranking mundial de expresiones antisemitas.
(Su pecado fue haber dicho que los mecanismos de la usura que hoy
practican los fondos buitre fueron descriptos hace siglos en “El
mercader de Venecia”. Pero la ex presidente nunca cuestionó al fondo
Elliot porque Paul Singer fuera judío, sino porque pretende una ganancia
exorbitante, por títulos que compró a precio vil después del default).
Elbaum cuenta que Nisman se encontró con Noriega en Buenos Aires en
2010, en un seminario sobre la penetración de Irán en América Latina,
coorganizado por la DAIA, el Congreso Judío Latinoamericano y la
fundación Israel Allies Caucus Foundation, asidua receptora de aportes
provenientes de Adelson, El Rey de Las Vegas. En 2014, Avruj concertó
con Nisman la agenda de las reuniones que Maurizio Macrì sostuvo en Tel
Aviv y en Jerusalén, vinculadas con temas de seguridad internacional. El
entorno de Macri consideraba como referente a Nisman después de sus
dictámenes contra la infiltración iraní en Venezuela y América del Sur. A
través de los contactos de Nisman, Macrì se reunió con referentes de la
derecha israelí y con el primer ministro Netanyahu. Una de sus
consecuencias fue que el 9 de septiembre último, Israel rechazara en la
ONU las regulaciones de los fondos especulativos propuesta por la
Argentina (que obtuvo 136 votos a favor, siete en contra y 41
abstenciones).
Esto a su vez coincide con un desplazamiento inédito en las
relaciones de poder entre las fracciones dominantes del capital que se
expresan en el actual gobierno. Por primera vez, la hegemonía se ha
desplazado desde los grupos económicos locales, que crecieron de modo
exponencial durante la dictadura cívico-militar y condujeron el desguace
del Estado bajo el menemismo, hacia las empresas extranjeras, que
tienen una impresionante representación en el gabinete nacional, a
través de los CEOS de varias de ellas, tanto estadounidenses como
europeas. La lógica binaria de la campaña electoral no ayudó a percibir
que Macrì no era el representante del Círculo Rojo, sino que lo estaba
denunciando. Eso ocurrió cuando le exigían que cerrara un acuerdo
electoral con Sergio Massa, en cuyo Frente Renovador activan los grupos
económicos locales (aunque los conduzca la transnacional italiana
Techint) a través de personeros como el ex ministro de Devaluación y
Pesificación Asimétrica, José de Mendiguren, y el también ministro en el
gabinete del ex senador Eduardo Duhalde, Roberto Lavagna, quien
reordenó los fragmentos de aquel estallido. Ni ellos ni los exportadores
agropecuarios consideran suficiente la devaluación del 40 por ciento y
por eso no están liquidando todos los granos acumulados que habían
prometido. Jorge Todesca (0,3 por ciento de los votos cuando aspiró a
ser electo jefe de gobierno porteño en 2011) repite el error que a
partir de 2006 cometió el kirchnerismo con el INDEC y lo profundiza. En
vez de dibujar las cifras, directamente las oculta, amparado en la
emergencia estadística para todo este año que decretó el ministro
Alfonso de Prat Gay, quien con alegría Pro dijo que la inflación de
diciembre había sido de 3.5 por ciento. La vandalización del INDEC
destruyó la credibilidad de toda palabra pública y quien persista en ese
camino bárbaro pagará las consecuencias, porque la realidad, como el
agua, siempre se las ingenia para superar cualquier dique. Esto apunta
también hacia los posibles realineamientos con vistas a 2017. Massa
cuenta con el poderoso respaldo de ese sector económico desplazado de la
conducción, ya sea para apostar por la jefatura de un peronismo
deskirchnerizado en alianza con varios gobernadores que desean cerrar el
ciclo del Frente para la Victoria, o tratando de nuclear esa misma
reacción en su Frente Renovador, dejando a Cristina sola con la rama
juvenil. Las convocatorias por redes sociales y las catarsis en los
parques son reacciones valiosas ante el avasallamiento de normas y
derechos, siempre que no segmenten el vasto movimiento político y social
que se expresó durante los doce años del kirchnerismo ni recaigan en el
antipejotismo esteticista. Estas peripecias del PRO no están exentas de
contradicciones, sino todo lo contrario. Quien se opuso a los dictados
del Círculo Rojo e insistió ante Macrì en la pureza étnica como
condición para llegar al gobierno fue su consultor ecuatoriano Jaime
Durán Barba. Ahora, mientras el presidente hace saber a través del
diario La Nación que quiere ex funcionarios presos lo antes posible,
Durán Barba declara a la revista Noticias que sólo al 16 por ciento le
gustaría ver a la ex presidente tras las rejas. Acaso porque el
ecuatoriano hizo su aprendizaje político en la Argentina de los primeros
años ’70, cuando quedó claro para qué habían servido casi dos décadas
de hostigamiento y ninguneo a Perón. También tomó nota del imponente
acto de despedida a Cristina, el 9 de diciembre y del peso que su
palabra sigue teniendo en el FpV, con el que nadie más que el intendente
de Ezeiza Alejandro Granados pregonó que no tenía nada que ver. La
composición de la comisión bicameral que trata los decretos de necesidad
y urgencia y las negociaciones por el presupuesto bonaerense hablan por
sí solas.
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